El sector eléctrico de Costa Rica se enfrenta a un importante reto de modernización del marco regulatorio. ¿Cuáles son los retos para la modernización del sector eléctrico en Costa Rica?
Un equipo de consultores internacionales realizó un estudio del sector eléctrico costarricense para el diseño e implementación de los aspectos conceptuales, regulatorios, normativos e institucionales que puedan ser introducidos en el sector con el objetivo de obtener mejoras normativas y regulatorias en tres aspectos clave del mercado eléctrico: Planificación de la expansión, Gestión de la expansión y Operación del sistema eléctrico, a efecto de promover criterios de eficiencia y competitividad en la operación del mercado de electricidad nacional y regional.
Las preocupaciones principales atendidas en este estudio giran en torno a:
• Las limitaciones del modelo estatal verticalmente integrado para ofrecer tarifas competitivas a los sectores productivos
• La falta de señales y reglas que dinamicen la inversión y permitan aprovechar las oportunidades que ofrece la transformación tecnológica de la industria energética mundial.
El análisis del estudio se orientó a:
• Identificar oportunidades de mejora en la gobernanza y reglas aplicables a la planificación de la expansión del sistema eléctrico.
• Los mecanismos de selección de los nuevos proyectos.
• La operación del mercado que permitan condiciones de mayor transparencia y eficiencia, que se traduzcan en atracción de la inversión, innovación tecnológica y señales tarifarias que incrementen la competitividad de la economía nacional.
Propuesta estratégica de cambio
Las propuesta de la agenda de cambio estratégico ofrece una valiosa tabla de comparación en la cual se aprecia lo que actualmente es la realidad del sector vs la propuesta de cambio:
Dimensiones clave
Escenario actual
Escenario meta
Planificación
• Plan de generación elaborado por ICE enmarcado en el PNE de MINAE. • Baja supervisión y participación de otros agentes • PGE no es aplicable a empresas municipales y cooperativas. • Planificador ejecuta el plan y asume los riesgos por errores de planificación.
• MINAE dirige y supervisa la elaboración del PEG (indicativo) por parte de CENCE como entidad independiente y neutral. • Proceso de planificación participativo y abierto, supervisado por ARESEP • El Plan es aplicable a toda la demanda. • Plan indicativo mitiga riesgos de errores que asumen los responsables de los proyectos.
Gestión de la expansión
• Expansión basada en inversión pública liderada por ICE. • Inversión privada muy restringida por peso y tamaño. • Riesgos de inversión y de ejecución de los proyectos recaen en sector publico y tarifas de usuarios • Competencia muy limitada y baja eficiencia por señales de precios regulados.
• Expansión basada en licitaciones abiertas gestionadas por CENCE independiente y supervisadas por ARESEP • Mandato de todos los distribuidores de contratar su demanda • Riesgo de inversión asumido por los desarrolladores • Competencia amplia por el mercado y señales de precios eficientes para la expansión.
Operación del mercado
• Despacho fraccionado entre centrales del Grupo ICE, de las distribuidoras y plantas contratadas no optimizado. • Auto despacho forzado de generación privada y empresas municipales y cooperativas • Contratos PPA físicos anticuados • ICE es agente único del MER.
• Despacho económico de mínimo costo para todas las unidades de generación del sistema. • Nuevos contratos financieros para permitir despacho óptimo • Creación de un mercado spot para administrar las transacciones. • Generadores y consumidores calificados son agentes del MER.
Sector de Generación Privada celebra la aprobación del Expediente 22.009 que permite a los usuarios autoabastecerse, en busca de opciones más económicas para su bolsillo.
San José, 28 de Octubre 2021- La Asociación Costarricense de Productores de Energía (ACOPE) siempre ha apoyado la generación eléctrica a partir de los recursos renovables. Por eso recibe con beneplácito la aprobación, en segundo debate, de la Ley de Recursos Distribuidos, que permitirá a los usuarios mayores opciones para atender su demanda eléctrica, en busca de costos competitivos, tanto a nivel industrial, como residencial y comercial.
Esta aprobación es un paso en la dirección correcta. Sin embargo, ACOPE lamenta la exclusión de los generadores privados de esta norma recién promulgada. No existe ningún sentido técnico que justifique esta omisión, especialmente en estos momentos donde tenemos plantas desconectadas de la red que pueden producir electricidad limpia y barata, manteniendo empleo en zonas rurales, aportando impuestos y apoyando la reactivación económica.
El país no debe darse el lujo de tener otra planta renovable desconectada. Por eso hacemos un llamado a los diputados para habilitar la exportación de electricidad a Centroamérica y la venta de energía a distribuidoras. Es fundamental aprobar, a la brevedad posible, el expediente 22561, que permite la exportación de electricidad de los generadores privados al mercado centroamericano; y el expediente 22701, que brinda seguridad jurídica a la venta de energía por parte de las plantas privadas a las distribuidoras eléctricas. Todo en beneficio del usuario final y del país.
Una vez más, ACOPE apela al sentido de responsabilidad de los Señores Diputados de las distintas fracciones legislativas, para que resuelvan cuanto antes estos proyectos que van a mejorar la competitividad del país, la reactivación económica y la generación de empleo.
Para más información, comunicarse con Gustavo Jiménez al 8386 5500
Costa Rica está anclada en el siglo pasado y enfrascada en un debate ideológico
26 de octubre 2021, 8:28 PM. Costa Rica, en lo que respecta a la producción de electricidad, está anclada en el siglo pasado y enfrascada en un debate ideológico. De lado quedan la competitividad y las necesidades de los usuarios.
Como se indicó en un reciente editorial de «La Nación», el desafío ya no es la generación limpia, pues se alcanzó gracias al aporte de todos los participantes en el mercado, sino la generación competitiva.
La solidaridad del modelo eléctrico para con los usuarios parte de cobrarles la tarifa competitiva posible, y eso se logra cambiando la normativa.
Varias plantas de los generadores privados están desconectadas porque el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) decidió no renovarles los contratos. La próxima desconexión ocurrirá el 19 de noviembre, y la sufrirá la planta hidroeléctrica El Ángel, ubicada en Cinchona de Alajuela. Según el nuevo «plan de generación» del ICE, igual suerte correrán las demás de aquí al 2035, aunque los precios son muy competitivos, como lo confirma un informe de este año de la Aresep y son activos que ya producen, dan empleo en zonas rurales y pagan impuestos.
El plan del ICE para el período 2020-2035 contempla el retiro de todas las plantas de generación privadas y la permanencia de la planta geotérmica Borinquen 1, un proyecto caro, inflexible en términos operativos e innecesario.
El planeamiento del ICE se caracteriza por su imprecisión y falta de optimización a escala nacional; es el principal responsable de los 3.700 megavatios de equipamiento del sistema eléctrico y se calcula una demanda que no se cumple.
Si bien la pandemia causó una caída en la demanda, se trata de un efecto transitorio. El mes pasado Costa Rica recuperó la demanda prepandemia (2019). Sin embargo, el plan de expansión del ICE estima el crecimiento en un 1 % anual durante 15 años, como si el país no tuviera futuro económico.
Esta simulación se queda corta, pues para este año se estima un crecimiento del 3 %, pero el dato presentado en el reciente proceso de emisión de bonos del ICE, por $350 millones, dice que será un 5 %, es decir, un 60 % más que el conservador porcentaje inicial.
No es posible que el operador del sistema sea parte del actor dominante (el ICE). Representa un claro conflicto de intereses y evidencia un deficiente diseño del mercado eléctrico. No significa una crítica a la gente que labora en esa unidad administrativa, pues el diseño no es su responsabilidad. Por el contrario, con la autonomía, tendrán la autoridad que les corresponde en un mercado eléctrico.
El ICE seguirá desempeñando un papel significativo, pero debe estar libre de conflictos de intereses. Además, la única forma de conseguir una eficaz y ágil descarbonización en el plazo requerido en pro del planeta es mediante la existencia de una fuerte participación privada en competencia. Para eso, es fundamental la seguridad jurídica. La idea es construir y no obstruir.
A muy corto plazo ninguna planta renovable debería estar desconectada. Hay que promover la exportación hacia Centroamérica y la venta por parte de las distribuidoras. Es fundamental la aprobación, con la brevedad posible, de los expedientes 22561 y 22701.
El primero es un proyecto presentado por el Poder Ejecutivo para permitir a los generadores privados la venta en el mercado centroamericano. El segundo brinda seguridad jurídica a la venta de energía limpia y barata por las plantas privadas a las distribuidoras eléctricas.
Otra opción, para esta energía limpia y barata, es sacarle provecho dentro de Costa Rica, mediante el autoconsumo distante con el pago de peajes.
A corto y mediano plazo debe ser ajustado el marco normativo para la transformación del sector y la competitividad de costos, con autonomía del Centro Nacional de Control de Energía (Cence) y planificación eléctrica en el Poder Ejecutivo, no por el actor dominante.
Es fundamental una rectoría fuerte que señale el rumbo y se encargue de la planificación nacional. Hay que transformar el proceso actual, a fin que sea más balanceado, participativo y de carácter nacional.
De acuerdo con este plan, la expansión deberá estar basada en subastas abiertas, administradas por el Cence como entidad autónoma y supervisada por la Aresep.
En lugar de un agente único que realiza transacciones en el mercado eléctrico regional (MER), los generadores y consumidores calificados deben ser reconocidos como agentes del MER, como operan en el resto de los países.
Retrasar el debate sería causar un daño a la competitividad nacional, a la generación de empleo y, especialmente, al bolsillo de los consumidores.
La Asociación Costarricense de Productores de Energía (ACOPE) urge al señor Presidente de la República convocar a la brevedad el expediente 22.561, Ley para la autorización de las empresas privadas de generación deelectricidad para la venta de excedentes de energía en el mercado eléctrico regional. El proyecto de ley fue presentado ayer a la Asamblea Legislativa y su aprobación le permitirá a los generadores privados exportar electricidad al mercado regional.
ACOPE reconoce que el Señor Presidente cumplió el ofrecimiento hecho en febrero pasado, tras un pronunciamiento público de los productores de energía en el que alertaron sobre la situación crítica del sector, que empezó a enfrentar desconexión de plantas por la decisión unilateral del ICE de no renovarles contratos.
Ahora que ya existe un texto (expediente N° 22.561), es determinante que el Proyecto avance con velocidad, pues la amenaza de más desconexiones sigue agobiando a las empresas productoras de energía y a sus trabajadores. Ya hay cinco plantas desconectadas -con la consiguiente pérdida de empleos, cargas sociales, impuestos, etc.- y un contrato más se vence en los próximos meses.
Por lo tanto, Acope solicita muy respetuosamente:
• Que el señor Presidente de la República convoque el Proyecto cuanto antes para ser conocido en la sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa.
• Que los señores y las señoras Diputados de la Asamblea Legislativa aprueben la vía rápida para acelerar el trámite.
• Que, tal y como establece la legislación, se modifique el plazo para que el Reglamento a la Ley esté elaborado en un máximo de 30 días después de su aprobación y no en seis meses como indica el texto.
Salomón Lechtman, Presidente de Acope, explicó que lamentablemente se ha perdido mucho tiempo, pues el Poder Ejecutivo tardó casi cinco meses en presentar un texto que anunció desde inicios de febrero anterior.
“Ahora apelamos a la buena voluntad de todos los actores políticos para que actúen con sentido de urgencia y visión país, y que le permitan a nuestro sector seguir contribuyendo a la economía nacional con generación, de empleos, pago de impuestos, reactivación económica, y la disminución de la huella de carbono. Es importante que el Proyecto sea aprobado a la brevedad”, indicó Lechtman.
La vía de la exportación es uno de los caminos que ACOPE planteó para aprovechar la energía limpia y barata que producen las plantas privadas en Costa Rica.
Adicionalmente hay otras alternativas que el país debería explorar a la mayor brevedad:
• Que las distribuidoras eléctricas puedan adquirir esa energía
• Autoconsumo en lugares distintos al de generación (que la planta produzca en un lugar A y pueda enviarla a una sucursal propia en un sitio B, previo pago del peaje correspondiente por usar la red)
• Autoconsumo de la energía de esas plantas para cualquier mecanismo de recarga de vehículos eléctricos y/o producción de hidrógeno y/o actividad electro intensiva.
“Todas estas opciones vendrían a fortalecer la matriz energética y permitiría a los consumidores, tanto clientes comerciales como residenciales, disfrutar de la electricidad más barata y limpia del país, lo cual conlleva productividad y reactivación económica. Pero ahora necesitamos culminar el primer paso con la pronta aprobación del Proyecto de Ley presentado la semana anterior”, concluyó el Presidente de ACOPE.
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Ministro de Comunicación ofreció hace mes y medio un proyecto de ley para permitir exportación, pero aún no hay ningún avance
Mientras tanto, ya hay cuatro plantas desconectadas y otras con amenaza de cierre luego de que el ICE anunciara que no les comprará energía
Un estudio de Aresep demostró que energía de productores privados es competitiva
San José, 17 de marzo. La Asociación Costarricense de Productores de Energía (ACOPE) envió una segunda carta al Presidente de la República para solicitarle que intervenga cuanto antes y tome las medidas que permitan evitar el cierre de más plantas eléctricas, debido a que ya pasaron seis semanas desde que se advirtió sobre este serio problema y todavía no hay ningún avance desde Casa Presidencial.
ACOPE dirigió una primera nota al Mandatario Carlos Alvarado el pasado 1° de febrero para exponerle la decisión del ICE de no comprar energía a productores privados, lo cual ya obligó a cerrar cuatro plantas y amenaza con desconectar otras dos este año. Hay 12 empleos directos que ya se perdieron, 45 más en riesgo inminente y otras decenas de puestos de trabajo que desaparecerán si no se actúa a tiempo.
En aquel momento, el Ministro de Comunicación envió un comunicado de prensa anunciando un supuesto proyecto de Ley para que los generadores privados pudieran exportar su energía. Sin embargo, pese a la situación apremiante del sector y el peligro real de que haya más plantas cerradas, no se percibe ningún impulso desde el Gobierno de Alvarado.
ACOPE recordó que, para las plantas desconectadas, han sugerido alternativas como la contratación de la generación que económicamente tiene sentido, o habilitar la opción de exportar la producción de las plantas privadas. Pero se necesita sentido de urgencia en la construcción de soluciones pues los días pasan y las plantas siguen desconectadas. A nivel legislativo indicó que ni siquiera es necesario enviar un nuevo proyecto, pues ya existe uno que fue presentado bajo el expediente 21.606, y que habilitaría a los generadores privados a exportar energía.
“Apelamos a su liderazgo y visión global, para no seguir perdiendo tiempo y que se permita que el proyecto de ley sea conocido, si se desea que la exportación se dé directamente, o bien, que instruya al Grupo ICE para que compre la electricidad para que ellos mismos sean quienes exporten, sin tener que recurrir a la Asamblea Legislativa, lo que es también viable”, afirma la nota, que lleva la firma del Presidente de ACOPE, Salomón Lechtman, y el Director Ejecutivo, Mario Alvarado.
“Señor Presidente, después de una recesión tan importante como la que se experimentó en el 2020, los países están promoviendo inversiones y estimulando a las empresas para producir e invertir. Nosotros no esperamos subsidios ni condonaciones de deuda, solo pedimos seguridad jurídica para seguir siendo parte de la historia de éxito de este país y de la descarbonización de la que somos parte desde hace 30 años”, añade el texto.
Un informe de ARESEP demostró que la energía de los generadores privados es competitiva, lo cual debería significar menores precios para el público. Según el estudio, presentado hace solo unos días (25 de febrero), Grupo ICE produce a un promedio de 125 colones por kilovatio hora; las plantas municipales a 80 colones por kWh, y las plantas privadas a solo 49 colones por kWh.
“Por favor, no sigamos sumando días en que perdemos la posibilidad de reabrir las plantas cerradas hace más de 180 días, ni sigamos esperando para redactar el proyecto de ley del que habló el Ministro de Comunicación (que por cierto no conocemos y para el que no hemos sido consultados)”, urgen los productores privados en la nota al Presidente Alvarado.
A continuación el texto completo de la carta enviada al Presidente, Carlos Alvarado.
San José, 17 de marzo del 2021
Señor
Carlos Alvarado Quesada
Presidente de la República
S.O.
Estimado señor Presidente
Reciba un atento saludo de la Asociación Costarricense de Productores de Energía (ACOPE).
El pasado 1 de febrero le enviamos una nota para exponerle un grave problema que atenta contra el desarrollo del sector privado de producción de energía renovable, y contra los objetivos de desarrollo sostenible y metas de descarbonización a los que se ha comprometido su Gobierno. Se trata de la decisión del ICE de no renovar los contratos de compra de energía con generadores privados al amparo del capítulo 1 de la ley 7200. Esa decisión conllevó al cierre de cuatro plantas (tres hidroeléctricas y una eólica) y para este año, hay dos más que deberán cerrar las operaciones por la decisión del operador dominante. Han pasado 45 días de esa primera nota y aún no recibimos respuesta.
Señor Presidente, como ya lo demostró el reciente informe de ARESEP sobre costos de producción de energía por operador, es urgente la necesidad de establecer cambios en la legislación, para aprovechar la capacidad instalada y eficiencia de los generadores privados. Se reafirma nuestra observación en cuanto a que hay productores privados de energía que producen a un costo menor con respecto a otras plantas del Sector Eléctrico. Según el estudio los costos promedios de cada grupo son: Grupo ICE: 125 colones por kWh, Municipales: 80 colones por kWh, Cooperativas: 80 colones por kWh, y Generadores Privados: 49 colones por kWh.
Dicho esto señor Presidente, y en vista de la respuesta del señor Ministro de Comunicación el pasado 2 de febrero por medio de un comunicado de prensa, sobre que el Gobierno promoverá que plantas privadas puedan exportar energía, y que se está trabajando en un proyecto de ley para habilitar la exportación de energía de plantas privadas, nos permitimos solicitarle señor Presidente que convoque a conocimiento de los señores y señoras diputados el expediente 21.606 que busca lo mismo. La época seca es muy importante para la generación de electricidad y para exportarla directamente se requiere modificar el artículo 3 de la Ley que Aprueba el Segundo Protocolo al Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central, Ley N.°9004, del 22 de noviembre del 2011.
Apelamos a su liderazgo y visión global, para no seguir perdiendo tiempo y que se permita que el proyecto de ley sea conocido, si se desea que la exportación se dé directamente, o bien, que instruya al Grupo ICE para que compre la electricidad para que ellos mismos sean quienes exporten, sin tener que recurrir a la Asamblea Legislativa, lo que es también viable.
Las plantas Poás I y II son un aprovechamiento hidroeléctrico que está en el Cantón de Poás, y tenía 12 empleados (todos cesados). Fue desconectada de la red eléctrica el 16 de setiembre del 2020 (hace 182 días). Por su parte, la empresa PESA (o PESRL) es un aprovechamiento eólico que está en el cantón de Tilarán, y tiene 45 trabajadores (aún a la espera del futuro de la planta). Fue desconectada de la red eléctrica el 28 de noviembre del 2020 (hace 109 días).
Otras plantas se estarán sumando a esta situación en el 2021 por lo que, bastaría con que el rector de energía ejerciera su autoridad y emitiera una política pública que permitiera que las exportaciones de energía eléctrica se dé para que los efectos sobre la generación privada sean menos gravosos.
Señor Presidente, después de una recesión tan importante como la que se experimentó en el 2020, los países están promoviendo inversiones y estimulando a las empresas para producir e invertir. Nosotros no esperamos subsidios ni condonaciones de deuda, solo pedimos seguridad jurídica para seguir siendo parte de la historia de éxito de este país y de la descarbonización de la que somos parte desde hace 30 años, y de la cual nos alegra que ahora se hable de manera tan determinante. Es hora de ser consecuentes, en particular en momentos donde se anunció el plan piloto de transporte público eléctrico. De avanzar en esta dirección, los costos de la electricidad no solo serán críticos para las empresas sino para cada costarricense que utiliza el transporte público.
Los números nos respaldan. Somos la opción más eficiente para los consumidores, que por decisiones unilaterales deben pagar costos mayores en momentos donde la competitividad le exige eficiencia. Costa Rica es y será reconocido como un país visionario y altamente productivo. Esto nos obliga a tomar decisiones pensando en el consumidor final y no en algunos jugadores nada más.
Siendo así, como empresas privadas, creemos en la competencia y en la urgencia de que el despacho eléctrico atienda primero a la energía más barata, para favorecer al cliente final, en particular cuando la economía necesita estímulos para generar más empleos.
De acuerdo con el informe de costos individuales de las plantas de generación del Sistema Eléctrico Nacional, presentado el pasado 25 de febrero del 2021 [Sector Eléctrico Nacional (SEN): costos por planta de generación pública y privada para el 2019, IN-0021-IE-2021 del 22 de febrero del 2021], la otra planta eólica del Grupo ICE, la PE Valle Central (en operación desde el 2012), presenta un costo unitario de 294,38 colones por kWh, y un factor de planta de 22% para el año 2019. Mientras tanto PESA (en operación desde 1996), la planta eólica privada desconectada, presenta un costo unitario de 38,79 por kWh y un factor de planta de 54% en el 2019. PESA es tres veces más antigua, tiene más del doble de factor de planta, y su energía eléctrica cuesta 7,5 veces menos que la PE Valle Central. Y estos no son promedios simples o ponderados, que se pueden prestar a interpretación. Estos son los valores individuales de las plantas, que los prestadores de servicios entregan a la ARESEP como parte de su contabilidad regulatoria.
Señor Presidente, de nuevo acudimos a Usted para buscar una opción que nos permita, como empresas formales, seguir operando. Para ello solo se requiere voluntad política y liderazgo. Apagar plantas de energía renovable y con precios competitivos, para producir energía de fuentes térmicas o importar energía eléctrica, no solo es contrario a la decisión de su mandato de reactivar la economía, sino de avanzar hacia la descarbonización.
En nuestra carta anterior hemos sugerido alternativas como la contratación de la generación que económicamente tiene sentido, o habilitar la opción de exportar la producción de las plantas privadas con la intermediación del ICE. Aunque hemos sostenido reuniones con instituciones del sector, no hay un sentido de urgencia en la recontratación de plantas con contrato vencido. Este es un tema apremiante, en particular en la época de verano, que es donde se puede agregar más valor.
Esperamos confiados en la interposición de sus buenos oficios y su liderazgo para que logremos soluciones que permitan a nuestro sector seguir aportando a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Costa Rica. Por favor no sigamos sumando días en que perdemos la posibilidad de reabrir las plantas cerradas hace más de 180 días, ni sigamos esperando para redactar el proyecto de ley del que habló el Ministro de Comunicación (que por cierto no conocemos y para el que no hemos sido consultados). Hay una iniciativa de ley que puede ser convocada para las sesiones extraordinarias en este sentido. Solo se requiere voluntad, liderazgo y consistencia.
Aprovechamos la oportunidad para enviarle muestras de nuestra más alta estima y consideración.
Cordialmente,
Ing. Salomón Lechtman Presidente
Ing. Mario Alvarado Mora Director Ejecutivo
Para más información comunicarse con Gustavo Jiménez, 8386 5500.
La desconexión de plantas eléctricas privadas pone en evidencia un problema de eficiencia y competitividad del sector eléctrico, que repercute en los usuarios y sus tarifas.
El ICE señala, como principal razón para no renovar los contratos de la generación privada, que la demanda de energía está cubierta. Esta es una justificación de poca profundidad técnica porque los sistemas eléctricos siempre deben tener más capacidad instalada de demanda máxima, especialmente si son con base en energía renovable, como el nuestro.
La capacidad instalada debe ser mayor que la demanda siempre. La pregunta fundamental es ¿cómo atender a los clientes de la forma más competitiva con la capacidad instalada que existe? Esto requiere entregar primero la electricidad de las plantas más baratas hasta completar la demanda. Las plantas más caras no deben ser despachadas excepto si se necesita. Ese concepto imprime eficiencia y reduce las tarifas de los clientes.
En el caso específico de las plantas privadas a las que no se les renovó el contrato, la tarifa actual es de 5,4 centavos de dólar por kWh (33 colones por kWh al tipo de cambio actual), lo cual es un valor más bajo que los costos de algunas plantas del Grupo ICE; por lo que, en un despacho económico, a estas plantas privadas debería permitírseles producir y entregar su energía. Si eso no ocurre, se está desperdiciando una electricidad limpia y barata, para colocar en la red eléctrica, otra de mayor costo que pagan los consumidores.
El despacho de la electricidad (orden de salida) lo hace el Centro Nacional de Control de Energía (CENCE), que actualmente es una dependencia del ICE. Para evitar conflictos de interés, se requiere un CENCE autónomo del ICE, que establezca el orden de mérito de las plantas eléctricas según sus costos, independientemente de que su propiedad sea privada o pública, asegurando el mejor precio al usuario y la seguridad del sistema. Dicha autonomía ya ha sido requerida por el MINAE, la Contraloría, y la ARESEP. Esa es la práctica internacional, y es la forma de asegurar los costos más bajos. Nuestro sector eléctrico requiere mejorar su gobernanza, para que le brinde a los clientes el mejor servicio al mejor precio, y le brinde a los actores e inversionistas certidumbre jurídica. El ICE es y seguirá siendo un actor relevante; pero ciertamente no es el rector ni debe ser juez y parte.
Cuando se tiene electricidad suficiente para atender la demanda, la consigna debe ser el despacho de la energía más barata, para favorecer al cliente final, en particular cuando la economía necesita estímulos para generar más empleos. En el sector de generación privada hay seguridad de que las plantas desconectadas tienen precios competitivos. Su no contratación y falta de despacho refleja una falla del sistema eléctrico que reduce su eficiencia y afecta las tarifas del usuario final. Eso necesita una solución pronta en beneficio de los ciudadanos, y en beneficio de Costa Rica.
Adicionalmente, las plantas eléctricas que no puedan colocar su energía a nivel nacional; deberían contar con la posibilidad de exportarla hacia la región centroamericana, donde existe un mercado competitivo. No tiene sentido o explicación alguna cercenar esa posibilidad, desperdiciando generación limpia que produce riqueza, paga impuestos y genera empleo en el país.
Reciba un atento saludo de la Asociación Costarricense de Productores de Energía (ACOPE).
Con instrucciones de la Junta Directiva, me dirijo a Usted, para exponerle un grave problema que atenta contra el desarrollo del sector privado de producción de energía renovable, y nos atrevemos a afirmar que también contra los objetivos de desarrollo sostenible y metas de descarbonización a los que se ha comprometido su Gobierno. Hace 30 años se aprobó la Ley 7200 que Autoriza la Generación Eléctrica Autónoma o Paralela[1], que faculta al ICE (no lo obliga) para suscribir contratos destinados a la compra de energía. Bajo ese marco legal, a diciembre del 2019 estaban en operación 18 plantas hidroeléctricas y 10 eólicas bajo el capítulo 1 de la ley 7200, para una capacidad de 270 MW y una producción anual de 1184 GWh. Esa energía representa el 10,5 % de la generación total de Costa Rica, y se entrega al ICE de acuerdo con los contratos suscritos[2]. El precio actualmente fijado por la ARESEP para la compra de esa energía es de US$ 0,05455 por kWh[3].
Tal como informó el periódico La Nación el 19 de diciembre anterior[4][5] y el 29 de enero 2021[6], ante la baja actividad económica en el 2020 y las proyecciones del 2021, el ICE indicó que no renovará los contratos de compra de energía con generadores privados al amparo del capítulo 1 de la ley 7200. Esa es una decisión unilateral del ICE, que no compartimos, y que deja a los generadores privados en una situación de cierre de sus operaciones, siendo el ICE el único comprador de energía a quien le podamos suplir el recurso.
Esa decisión unilateral del ICE es crítica; además no es cierto que la energía renovable de estos generadores privados es la que afecta las tarifas eléctricas. Como se indicó previamente, la tarifa que se paga a un productor privado es de US$ 0,05455 por kWh[7], mientras que los precios promedio de la electricidad a los consumidores alcanza los valores de US$ 0,136 por kWh para consumidores industriales, US$ 0,149 por kWh para consumidores residenciales, y US$ 0,179 para la tarifa general.[8]
En el esfuerzo por buscar alternativas para colocar esa generación, nos encontramos con obstáculos importantes tales como que, conforme al marco regulatorio actual, el ICE es el único agente de mercado autorizado para exportar directamente energía al Mercado Eléctrico Regional. Asimismo, el ICE señala la necesidad de hacer reformas al reglamento del Capítulo 1 de la ley 7200 para proceder con una recontratación en términos “flexibles”, necesidad que no compartimos ni encontramos su sustento legal.
Es ante esta coyuntura, y después de haber explorado opciones que brinda el marco legal actual, y de discutir esta temática en una multiplicidad de foros desde hace ya más de un año; que apelamos a su autoridad y sentido global de bienestar, para que las empresas privadas formales, que generamos energía renovable y que contribuimos con impuestos a la hacienda pública, con cargas sociales, desarrollo local, y además contribuimos a disminuir la huella de carbono desde hace 30 años, aportando un valor reputacional invaluable para este país, podamos seguir vendiendo energía, dentro o fuera de Costa Rica a través del ICE y sus empresas, o de forma directa.
Como empresas generadoras creemos importante seguir dándole la primera alternativa de compra al ICE. Pero si por alguna razón el ICE no quiere adquirir esa energía -como sucede actualmente-, es fundamental que se habiliten las posibilidades para utilizarla y evitar el cierre de las operaciones. Sin ser exclusivas, las alternativas son las siguientes: a) que las otras distribuidoras eléctricas puedan comprar la energía, b) que se habilite la opción para que las plantas puedan hacer autoconsumo de su energía en lugares distintos al de generación mediante el respectivo pago de peajes, c) que se habilite el autoconsumo de la energía de esas plantas para cualquier mecanismo de recarga de vehículos eléctricos y/o producción de hidrógeno y/o actividad electro intensiva, d) que si no se le puede sacar provecho a esa energía en Costa Rica, se habilite la opción de exportarla y/o que el ICE se convierta en intermediario de esa energía y genere ingresos adicionales para sí mismo.
En el 2020 fueron desconectadas cuatro plantas que, en algunos casos, ya han tenido que despedir a sus colaboradores. Consideramos que detener la producción de energía limpia, barata y renovable que lleva años contribuyendo con la descarbonización de la economía, para ser sustituida por generación térmica importada, o producida localmente, es un contrasentido, señor Presidente. Las plantas que a la fecha han sido desconectadas son:
PH Poás I y II, cerradas desde el 15 de setiembre del 2020.
P.E Plantas Eólicas Tilarán (PESA), venció el 28/11/2020, primera planta eólica de América Latina y el Caribe.
P.H. Don Pedro, su contrato venció el 30 de noviembre.
P.H. Volcán, su contrato venció el 30 de noviembre.
Y según información del ICE a la ARESEP[9] las siguientes plantas podrían correr con la misma suerte.
P.H. Río Segundo II, vence el 30/05/2021
P.H. El Angel I, vence el 19/11/2021
Solo en materia de afectaciones a la Hacienda Pública, debido a su condición de “socio pasivo” de la actividad, el Estado dejaría de percibir aproximadamente un 40% de las utilidades que genere este giro de negocios, que por su capacidad constituyen Grandes Contribuyentes. Así mismo, los efectos adversos los sufrirán los cantones en donde se ubican estos aprovechamientos energéticos no dejan de ser relevantes. Y todo esto ocurre en momentos de pandemia, en donde se deben buscar propuestas de reactivación económica, en todo el país, pero en particular en las zonas rurales.
Señor Presidente, acudimos a Usted para buscar una opción que nos permita, como empresas formales, seguir operando. Para ello solo se requiere voluntad política y liderazgo. Apagar plantas de energía renovable y con precios competitivos, para producir energía de fuentes térmicas o importar energía eléctrica, no solo es contrario a la decisión de su mandato de reactivar la economía, sino de avanzar en la descarbonización.
Nos preocupa enormemente percibir que, en la administración pública, parece no existir un sentido de urgencia sobre el tema. El tiempo pasa y no hay claridad en cuanto a la forma de resolver esta propuesta. Sobre nuestros asociados y sus colaboradores pesa una enorme angustia derivada del cierre y la posible muerte jurídica de sus empresas, en un país que se precia de su nivel de seguridad jurídica. Esperamos confiados en la interposición de sus buenos oficios y su liderazgo para que logremos soluciones que permitan a nuestro sector seguir aportando a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Costa Rica. Aprovecho la oportunidad para enviarle muestras de mi más alta estima y consideración.
Cordialmente,
Ing. Mario Alvarado Mora
Director Ejecutivo de ACOPE
[1] Definida la generación autónoma o paralela como la energía producida por centrales eléctricas de capacidad limitada, pertenecientes a empresas privadas o cooperativas que puedan ser integradas al sistema eléctrico nacional
[2] Cálculo propio basado en el Informe Anual del CENCE para el año 2019
[3] Resolución No. RE-0001-IE-2021, emitida por la Intendencia de Energía el 7 de enero del 2021, y publicada en el Alcance No. 5 a La Gaceta No. 6 del 11 de enero del 2021
[7] Equivale a 33 colones por kWh, a un tipo de cambio de 600 colones por dólar
[8] Fuente: Cuadro 30, Página 56, del documento de CEPAL denominado Estadísticas del subsector eléctrico de los países del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), 2018.
[9] Fuente: Expediente tarifario ET-052-2020, Folio 21, Carpeta de Análisis Financiero, Anexo 13, documento denominado: Estimación de compras de energía a los generadores privados e importaciones y exportaciones en el mercado eléctrico regional (MER) 2020-2023.
Punto 2: Metodología de estimación de las compras de energía a generadores privados, apartado 2.1. Generación privada ley 7200, subtítulo: Casos de excepción, renovación de contratos 7200, páginas 3 a 4.
Despidos, inversiones millonarias perdidas y energía limpia que se desperdicia son algunas de las consecuencias que señala Mario Alvarado, director ejecutivo de la Asociación de Productores de Energía (Acope), de la decisión del ICE de no renovar el contrato para adquirir la producción de plantas hídricas y eólicas.
Mario Alvarado Mora, Director Ejecutivo de ACOPE
Para él, esto es un contrasentido en un gobierno que busca la descarbonización. Aparte, reclama, esta determinación se orienta más a proteger los intereses de una institución que los del consumidor de electricidad.
El gran problema, además, es que la ley establece que solo le pueden vender al ICE, por lo que si el Instituto no compra energía, los generadores privados quedan maniatados.
— ¿La no renovación de contratos ya generó despidos?
— En la planta PESA, o PESRL (eólica en Guanacaste) la administración de esa empresa aún no ha despedido a ningún trabajador, dando un tiempo prudente para encontrar solución a esta crítica situación. En la planta Poás I y II, sí tuvieron que cesar al personal. En el caso de las plantas Don Pedro y Volcán, no tenemos datos.
— ¿Qué va a pasar con esas plantas? ¿Quedarán en desuso?
— Esas plantas ya están desconectadas, y sería una gran pérdida para el país que queden en desuso, pues están en condiciones normales de operación. Los representantes de las plantas apagadas solicitaron la renegociación de sus condiciones contractuales medio año antes del vencimiento, pues así lo establece el contrato. Y consultaron al ICE reiteradamente por dicha renegociación.
“Con un gobierno impulsando un Plan de Descarbonización basado en el aprovechamiento de la energía renovable, es todo un contrasentido que no exista alguna alternativa para la colocación de esa electricidad limpia que lleva años descarbonizando la matriz energética”.
— ¿Están los generadores haciendo alguna gestión para buscar un cambio en la legislación que les permita vender la energía en el exterior o a grandes consumidores?
— Hemos conversado con el ICE, la Aresep (Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos) el Minae (Ministerio de Ambiente y Energía), el Poder Ejecutivo, y algunos diputados sobre el tema. Aunque se indica que no hay ningún interés de afectar la generación privada, el hecho es que ya hay tres plantas ya desconectadas del Sistema Eléctrico. Y documentos oficiales del ICE prevén más desconexiones para el año entrante.
“Le hemos pedido al Ejecutivo que establezcamos las fuerzas de tarea necesarias para desarrollar soluciones que permitan mantener esta actividad en marcha, ya sea colocando la energía en Costa Rica en beneficio de los usuarios finales, o exportándola al mercado regional centroamericano. En la Asamblea ya hay algunas iniciativas de ley que pueden atender algunos de estos temas, y será necesario desarrollar otras.
“Esperamos arrancar con ese trabajo a inicios de enero del 2021, aunque habríamos preferido estar trabajando ya, pues la desconexión de una planta de energía renovable debería ser un último recurso en el Sistema Eléctrico, desconectando primero las plantas que sean más caras, sin importar si su propiedad es pública o privada.
“Lo que debe importar es el costo que representarán para el usuario final de la electricidad. La desconexión debería depender de un proceso de selección competitivo y transparente, en beneficio del cliente eléctrico y la reducción de sus tarifas; y no de una decisión gerencial que favorezca a una institución o sector.
“Además, debe ser consecuente con políticas como la descarbonización, la reactivación económica, y las finanzas de la Hacienda Pública”.
Ante la compleja
situación que vive el país, ACOPE manifiesta
Su total respaldo al diálogo como mecanismo para lograr la discusión y los acuerdos necesarios en la construcción de soluciones a los apremiantes problemas nacionales, en especial los cambios estructurales requeridos en nuestra economía, la atención de la crisis fiscal, y sobre todo las propuestas de reactivación económica que generen empleos dignos a los costarricenses.
Su compromiso con el respeto a la institucionalidad, las leyes y la Constitución, así como a los derechos de los costarricenses, en particular el derecho a la vida, al libre tránsito, y a la libertad de expresión; manifestando nuestro apoyo a la labor de la Fuerza Pública en el resguardo de los derechos constitucionales y de la paz social.
Su voluntad para trabajar en la búsqueda de un rumbo común que nos permita salir de este marasmo, y plasmar el país que las actuales y futuras generaciones merecen; a partir de la herencia democrática que hemos recibido de nuestros antecesores.
En apariencia la ley de creación de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) le da amplias facultades, exclusivas y excluyentes, en materia tarifaria para que ejerza sus potestades y prevenga fenómenos como el denominado “captura de la Autoridad Reguladora”.
En estos días estamos viendo, y sufriendo, ya no una captura de la Aresep, sino la sustitución por la Contraloría General de la República (CGR).
En un informe de setiembre del 2019, la CGR dice a la Aresep qué tiene que hacer, cómo y cuándo en materia tarifaria relacionada con la generación privada, so pena de que sus funcionarios sean sancionados si no acatan ese mandato.
La Aresep, en diversos escritos y manifestaciones, resalta que la ley, así como la jurisprudencia administrativa y judicial, establece su autoridad en materia tarifaria, y considera el informe y las disposiciones de la Contraloría una intromisión impropia e ilegal en sus potestades exclusivas y excluyentes. Sin embargo, debe acatar sus mandatos debido a la capacidad sancionatoria de la CGR.
La Aresep no resuelve una fijación tarifaria a regañadientes, como tituló La Nación el lunes 30 de agosto, sino coaccionada, bajo amenaza de procesos disciplinarios y con la presión de efectuar un acto con criterios externos que, reiterada y expresamente, la Aresep califica de ilegales. Y eso tiene consecuencias.
Esas actuaciones emiten señales muy nocivas para la promoción de nuevas inversiones en un momento cuando tanto lo necesita el país para la reactivación económica, pues se liquida la independencia de las agencias reguladoras y el señorío del marco legal.
Frente a este allanamiento de competencia, vale preguntar, entonces, ¿para qué tener una Aresep si la decisión es de la CGR?
Es preciso una reforma que agilice y traslade los beneficios a los usuarios y permita una participación equilibrada en el mercado energético.
Mientras la reforma no se materialice y los precios no se fijen en un mercado competitivo, el encargado de definir las tarifas de la energía es la Autoridad Reguladora. Su sustitución, impropia e ilegal, solo produce incertidumbre, inseguridad jurídica y litigios.
Artículo escrito por el señor Salomón Letchtman Koslowski, tomado del diario La Nación
