Contratación de generadores privados por parte del ICE se realiza para atender demanda energética del país

Posición de Acope a la opinión pública

Sobre el informe de Fiscalización Operativa y Evaluativa (DFOE-SOS-IAD-00011-2023) emitido el pasado 30 de noviembre por la Contraloría General de la República, la Asociación Costarricense de Productores de Energía (Acope) manifiesta lo siguiente:

  1. Sobre la justificación para contratar generadores privados

Es importante aclarar que el Plan de Expansión de la Generación (PEG 2022-2040), elaborado por el ICE, es una guía para el largo plazo, que no considera los cambios que puede proceder de coyunturas como el fenómeno de El Niño. Considerar ese Plan como el instrumento para fundamentar la contratación, como lo hace la Contraloría General de la República, parece poco realista.

Solo en demanda eléctrica el país presenta, durante el 2023, un crecimiento del 2,6%, mientras que el plan estimó un 1,5%. El plan tampoco considera el incremento de generación térmica ni de importación que ya ha tenido que efectuar el país en este año. Ni tampoco contempla el alquiler de emergencia de plantas térmicas para atender la demanda durante los años 2024, 2025 y 2026.

Incluso sorprende la Contraloría en cuanto a su solicitud de pedir la justificación de contratar la electricidad limpia y barata de los generadores privados cuando la evidencia indica que:

  • Hay un mayor crecimiento de la demanda
  • El Fenómeno de El Niño causa una gran disminución de las fuentes hídricas nacionales
  • Se genera más energía térmica cara y sucia, y se importa más electricidad del mercado centroamericano (muy posiblemente de origen térmico)
  • El país ha tenido que alquilar plantas térmicas de emergencia para atender la demanda durante los años 2024, 2025, y 2026.

Muy posiblemente el ICE tenga elementos más precisos que los mostrados previamente para atender esa “solicitud de justificación” de la Contraloría.

  • Sobre la elegibilidad.

El proceso de elegibilidad es totalmente controlado por el ICE, según la ley 7200 y su reglamento.  Los generadores privados solo pueden solicitarlo si así el ICE lo requiere. Si el Instituto determinó que para plantas existentes ese requisito no se requería en el momento de firma del contrato es porque así lo debió haber considerado.

  • Sobre las tarifas pactadas con los generadores privados.

Las tarifas vigentes están acordes con la banda tarifaria aprobada por la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep), la cual actualmente oscila entre $0,072 por kWh para el límite superior, y $ 0,042 por kWh para el límite inferior. Aresep ha indicado que cualquier precio acordado, ubicado dentro de esa banda, es un precio que cumple con sus disposiciones.  Hasta donde se conoce, los contratos firmados en el 2023 tienen valores tarifarios que se ubican en dicho rango. Esos valores son muchísimo menores a los costos variables de generación térmica (entre $0,15 por kWh y $ 0,30 por kWh), de importación (unos $ 0,35 por kWh en verano y unos $ 0,15 por kWh en invierno) o de generación con plantas de alquiler (entre $0,35 por kWh y $ 0,40 por kWh).

  • Sobre las tarifas de los generadores privados con contrato remanente.

La Aresep cambió la metodología de tarifas para plantas existentes en el año 2022 a un sistema de bandas, y resolvió la primera aplicación tarifaria para el año 2023.  Lo que no resolvió es cómo negociar tarifas de plantas que ya estaban en marcha, y que tienen más de 30 años con un mecanismo de precio único según lo indica la ley 7200.  Ese asunto lo dejó como un acuerdo de partes.

Mientras tanto se concluye esa negociación, las partes han respetado la última tarifa única resuelta por la Aresep para el año 2022, que es de $ 0,06 por kWh.  Es importante resaltar que esa tarifa respeta los principios tarifarios de servicio al costo y equilibrio financiero del prestador del servicio público.  Para la aplicación del 2023, el valor tarifario que representa esos mismos principios es de $ 0,064 por kWh, como se puede ver en la resolución del ente regulador.

Está claro para las partes que, una vez logrado un acuerdo sobre el precio del contrato, se deberán efectuar las devoluciones, por exceso o por defecto con base en esa negociación.  Mientras tanto la electricidad, que tanto ocupa el Sistema Eléctrico Nacional, se está pagando con una tarifa anterior que es menor que su valor equivalente en el año 2023.

“En síntesis, es fundamental que haya seguridad jurídica para un sector clave para la competitividad del país, y rigurosidad técnica para evitar emitir criterios no apegados con la realidad”, puntualizó Mario Alvarado, Presidente Ejecutivo de ACOPE.